¿Por qué regular la medicina prepaga?

El subsector privado de la salud, en el cual se incluye la medicina prepaga, ha sido hasta la fecha escasamente estudiado. Técnicos, profesionales de las disciplinas biomédicas, cientistas sociales y sanitaristas con alto reconocimiento público han destinado sus esfuerzos al estudio minucioso del subsector público o al de la seguridad social, pero desatendiendo a su vez al subsector privado. Es probable que ello se deba a que, dadas las características de su población usuaria -un grupo relativamente pequeño de personas con capacidad de pago- pueda considerarse, comparativamente, de menor importancia que los restantes subsectores. A ello se suma que su carácter de privado implica, para muchos, que se trata de un campo alejado al de las políticas públicas.
Esta relativa ausencia de la medicina prepaga como objeto de investigaciones académicas así como de las decisiones políticas del sector salud ha provocado dos situaciones que merecen nuestra atención. Por un lado, ha facilitado que la perspectiva economicista haya hegemonizado el abordaje de la temática, y que al momento de adoptar decisiones se haya confiado excesivamente en la dinámica de los mercados, aún cuando los resultados sanitarios no fueran alentadores. Por otro lado, esta deserción del Poder Ejecutivo ha originado un notable aumento de la cantidad de juicios relacionados con la salud, y ha colocado al Poder Judicial como un actor central en el tratamiento de esta problemática.
Sustentamos una posición según la cual debe garantizarse el derecho a la salud de toda la población, y pretendemos realizar un aporte a la discusión acerca del rol del Estado específicamente en materia regulatoria. El balance general de los resultados de la reforma del Estado implementada en los años ’90 ha sido negativo, aunque, a nuestro entender, la acelerada privatización de los servicios públicos, ha dejado una enseñanza que hoy podemos rescatar: privatizada una empresa de servicios públicos se necesita regularla. Tan simple y a la vez tan complejo. A contrapelo con el paradigma neoliberal -la desregulación de los mercados- la sociedad ha percibido que es necesaria la regulación estatal para controlar las nuevas empresas, aún cuando en ese momento no se haya logrado –o no se haya querido- regular adecuada y efectivamente.
Así, la regulación de los servicios públicos fue uno de los grandes temas de esos años. La disquisición respecto de la diferencia entre lo público y lo privado, el concepto de interés general y, en particular de servicio público cobró notable relevancia. Proponemos una concepción de los servicios de salud como servicio público, independientemente del tipo de organización que los gestione, en tanto es el Estado el último responsable de la garantía del derecho a la salud. Al mismo tiempo esta postura conduce a integrar a la medicina prepaga al sistema de servicios de salud.
Ello no significa adherir al proyecto de desregulación total del sistema de la seguridad social, ni tampoco implica promover nuevas fórmulas de integración. Significa reconocer a la medicina prepaga como un subsector en estrecha relación con los restantes, fundamentalmente con la seguridad social, y que su omisión de las políticas públicas de salud puede tener innumerables consecuencias negativas no sólo sobre el sistema sino también sobre la salud de la población. Ello es así porque, entre otras consecuencias, las obligaciones incumplidas de las EMPs repercuten indudablemente sobre el hospital público, relegando otra vez a quienes más lo necesitan. Así es necesario recurrir a la regulación, no sólo como una función propia del Estado, sino como una invalorable herramienta de política pública.
La intención de regular a las prepagas lleva más de diez años de historia legislativa, sin resultados concretos a la fecha. Cada uno de los proyectos legislativos presentados se sustentan en concepciones ético-ideológicas diferentes, pero reconocen aún por su misma existencia la necesidad de regular la medicina prepaga.
La demanda de mayor regulación puede canalizarse de muy diferentes maneras. Puede ponerse al servicio de incrementar la equidad comercial entre empresas, asumiendo que la libre competencia dará sus frutos ya sea mejorando automáticamente los servicios que se brindan a la población o permitiendo el desarrollo del mercado. O bien, como promovemos, puede servir para ajustar los mercados a fines socialmente valiosos, así como para la protección de los usuarios frente a prácticas competitivas que menguan su derecho a la salud.